Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó una reforma laboral que prohíbe el uso del denominado ‘buró laboral’, una práctica mediante la cual las empresas consultan historiales previos de los trabajadores para condicionar su contratación. La medida fue impulsada por el senador morenista Saúl Monreal y forma parte de un paquete de ajustes orientados a proteger los derechos de los empleados frente a mecanismos de filtrado considerados abusivos.
Con esta aprobación, la iniciativa queda turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión posterior. El objetivo central de la propuesta es evitar que los buscadores de empleo sean descartados sistemáticamente por registros negativos en bases de datos privadas o por referencias laborales que no reflejen necesariamente su capacidad actual para desempeñar funciones específicas.
La discusión legislativa se enmarca en un contexto más amplio de revisión a las prácticas salariales y contractuales en el país. Análisis recientes han señalado que, ante la presión por mantener márgenes de utilidad, algunas compañías han recurrido a estrategias como el ‘salario emocional’, la no pago de horas extra o la ampliación de responsabilidades sin el correspondiente ajuste remunerativo, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de blindar legalmente al trabajador frente a estas dinámicas.
El senador Saúl Monreal, autor de la iniciativa, ha sostenido que el acceso al empleo no debe estar supeditado a criterios que escapan al control inmediato del solicitante o que carecen de regulación oficial. Aunque la reforma ya superó el primer trámite en el Senado, aún se desconoce la fecha exacta de su entrada en vigor, la cual dependerá del ritmo de procesamiento en la cámara baja y de la posible inclusión de modificaciones durante ese trayecto.
Hasta el momento, no se han detallado las sanciones específicas que enfrentarían las empresas que continúen utilizando el ‘buró laboral’ una vez que la ley sea vigente, ni existen cifras oficiales sobre cuántas personas o corporaciones hacen uso de este mecanismo en la actualidad. La expectativa es que estos puntos se definan durante el proceso de reglamentación subsiguiente a la aprobación final del Congreso.
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