Por Redacción
Torreón, 20 de marzo de 2026.- La ciudad de Torreón atraviesa una jornada crítica marcada por la convergencia de conflictos laborales, discrepancias administrativas en servicios públicos y alertas de seguridad escolar. Mientras trabajadores sindicalizados del ayuntamiento denuncian un vacío de autoridad y presuntos actos de corrupción, la firma del contrato de basura por 25 años con el Consorcio Ecourbano Ambiental (CEA) genera contradicciones entre el ejecutivo municipal y el Congreso del Estado, todo ello en un contexto donde más de 50 mil vehículos circulan diariamente por el bulevar La Nogalera, zona afectada por obras viales.
El frente laboral presenta una de las tensiones más agudas. Rosalva Rodríguez, dirigente sindical, señaló explícitamente un vacío de autoridad en la administración, acusando a funcionarios clave como el titular del área de Rezagos y Notificaciones, Roberto Barrios, el subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y el tesorero Javier Lechuga, de no presentarse a trabajar. Los sindicalizados van más allá de la queja por ausentismo; acusan a Barrios de contratar personal externo bajo el esquema de honorarios para realizar supuestas “tranzas”, aunque la administración municipal no se ha pronunciado oficialmente sobre estas graves imputaciones. A las protestas se suman la participación de Seguridad Pública Municipal, el Grupo de Reacción Torreón y Protección Civil, reflejando la magnitud del conflicto interno.
En paralelo, la gestión del servicio de recolección de basura enfrenta un obstáculo burocrático significativo. Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, declaró que el documento del contrato firmado entre la administración municipal y el consorcio CEA ya había sido enviado a los legisladores del Congreso del Estado de Coahuila para su validación. Sin embargo, existe una contradicción flagrante: el propio Congreso informó que hasta el jueves no había recibido dicho documento, lo que pone en duda la efectividad de la comunicación interinstitucional y retrasa la formalización de un acuerdo previsto para durar un cuarto de siglo.
La infraestructura urbana también centra la atención pública debido a las obras en el cuerpo lateral del bulevar La Nogalera hacia el periférico. Se estima que más de 50 mil vehículos transitan diariamente por esta zona, lo que convierte cualquier interrupción o cierre nocturno en un punto crítico para la movilidad de la ciudad. Aunque se han implementado cierres para avanzar en los trabajos, la información sobre las rutas alternas oficiales no ha sido detallada con precisión en los reportes, generando incertidumbre entre los conductores que dependen de esta arteria vital.
Ante este panorama de tensión social y administrativa, surge también la preocupación por la seguridad en el ámbito educativo. Jorge Omar Rojas Zapata, coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, informó que las autoridades locales están preparando un protocolo específico para reforzar los mecanismos de acción ante amenazas en escuelas, respondiendo a incidentes recientes. Este esfuerzo incluye la realización de mesas de trabajo entre diferentes dependencias, buscando establecer una respuesta coordinada que proteja a la comunidad estudiantil frente a nuevos riesgos.
La convergencia de estos eventos el mismo día expone la complejidad de la gestión municipal en Torreón, donde la falta de claridad en contratos estratégicos, las acusaciones de corrupción interna y la necesidad de proteger a la población escolar demandan respuestas inmediatas y transparentes por parte de los funcionarios Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento, y el resto del gabinete, cuyas reacciones específicas ante las protestas y las discrepancias legislativas siguen siendo esperadas por la ciudadanía.
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