Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en el país centroamericano. La iniciativa del gobierno de Nayib Bukele obtuvo 59 votos a favor y solo uno en contra, en una sesión donde el oficialismo demostró su amplio control parlamentario.
La reforma fue presentada con 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas para modificar la Constitución, y forma parte de un paquete amplio de medidas de seguridad impulsadas por el gobierno salvadoreño. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y la diputada Suecy Callejas del partido Nuevas Ideas fueron algunos de los principales promotores de la iniciativa.
El proceso legislativo se caracterizó por su celeridad, ya que la propuesta fue aprobada sin estudio ni debate previo según reportes de medios locales. La sesión fue presidida por Ernesto Castro, presidente de la cámara legislativa, quien forma parte de la bancada oficialista que controla 54 de los 60 escaños.
La medida se enmarca en el contexto del estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha sido prorrogado continuamente como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas y el crimen organizado. Este régimen de excepción ha permitido detenciones masivas y restricción de garantías constitucionales.
Según información de EL PAÍS América, dos diputados de oposición votaron a favor de la reforma, aunque no se especificó su identidad. Tampoco se conoce el nombre del único legislador que votó en contra de la medida.
Para que la reforma entre en vigencia, requiere una ratificación en una futura sesión plenaria, cuya fecha concreta aún no ha sido anunciada. Esta segunda votación se considera un trámite formal dado el control que ejerce el oficialismo en el órgano legislativo.
La aprobación de la cadena perpetua marca un punto de inflexión en la política criminal de El Salvador, que tradicionalmente había mantenido límites máximos de condena. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el endurecimiento penal en el país centroamericano.
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