Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó el lunes 20 de julio de 2026 a las 14:15 horas al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La medida fue decretada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y coacusados por su posible participación en delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La orden de aprehensión fue concedida el 13 de julio de 2026 por la jueza Ramírez de la Vega, tras un cambio de juzgadora; previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). La magistrada libró órdenes contra 25 imputados, incluyendo a Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, señalando a Ruffo Appel como líder de la organización criminal. En su resolución, la jueza afirmó que la participación del exgobernador “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas vía videoconferencia ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque algunos reportes indican que duró 40 horas. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, denunció que la audiencia se desarrolló “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, y exigió que “todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas” para garantizar el escrutinio ciudadano.
Respecto a la situación jurídica de los demás involucrados, se informó que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR indicó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el martes 21 de julio de 2026.
La investigación tiene su origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, vinculando a la empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario. Godoy estimó que la red causó una afectación al erario por más de 4,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes sitúan en 4,456 millones de pesos. Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, había informado en octubre de 2025 un daño total por contrabando de combustible de 600,000 millones de pesos a nivel nacional.
Ante las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar. Mientras tanto, el PAN exigió legalidad y debido proceso, y la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada calificó el caso como una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y pidió un juicio justo. “Exigimos, que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”, señaló.
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