Ciudad De México, 09 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) flexibilizar la reserva por cinco años sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. La cancillería aclaró en redes sociales que la información fue divulgada por instrucción de la Presidenta, pese a que Estados Unidos había solicitado mantenerla en confidencialidad.
La SRE reveló que fue el gobierno estadounidense quien pidió la confidencialidad sobre las peticiones de detención. Sin embargo, un día después de dicha solicitud, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y los nombres de los señalados, según un oficio fechado el 30 de abril. Ante esto, la SRE reclamó a la embajada estadounidense que esa difusión impedía a México “llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada” y advirtió que vulneraba el debido proceso de los acusados.
Entre los diez señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Los implicados enfrentan acusaciones de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como de posesión de ametralladoras.
En otro frente, existe una contradicción directa entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López. Salazar aseguró que tanto él como el entonces fiscal general estadounidense, Merrick Garland, informaron al Gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 que la captura no se trató de una operación de Estados Unidos. El exembajador sostuvo que se comunicó que la aeronave utilizada no pertenecía al gobierno estadounidense, que el piloto tampoco era de ese país y que el operativo no fue realizado por autoridades de ese origen.
La FGR señaló directamente como una “mentira” la versión de Ken Salazar sobre la no participación de EE.UU. en la captura. La fiscalía acusó al exembajador de mentir sobre la participación de agencias estadounidenses en el traslado de Zambada, lo que afirmó representa una violación grave a los deberes diplomáticos y al principio de buena fe entre ambos países. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, recordó que el 9 de agosto de 2024 Salazar aseguró públicamente que el gobierno de Estados Unidos no participó en la operación, versión que la institución sostiene es falsa.
Como parte de su postura, la FGR reveló que México tuvo detenido y posteriormente entregó a Estados Unidos a Mauro Alejandro, alias ‘El Jando’, identificado como piloto de confianza de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y señalado como quien llevó a Ismael Zambada a territorio estadounidense por órdenes de Joaquín Guzmán López. La fiscalía informó que el piloto alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 9 de abril de 2026. Además, la FGR indicó que pidió la extradición de ‘El Mayo’ Zambada, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que no podía atender la petición debido a que el capo sigue en proceso ante una corte de distrito de ese país.
Por su parte, Ken Salazar insistió en su postura declarando: “la verdad es la verdad, the truth is the truth”. El exembajador añadió: “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder claramente”. En documentos relacionados con el caso, Ismael ‘El Mayo’ Zambada asentó en una carta: “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”. En la misma misiva, Zambada escribió: “Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado, y Héctor Melesio Cuén…”.
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