San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026 por un comando armado. El alcalde había sido víctima de extorsión y amenazas previas, situación ante la cual manifestó que temía por su vida y solicitó protección oficial.
De acuerdo con los hechos registrados, el edil no aceptó las exigencias del crimen organizado. Semanas antes del homicidio, Bravo Martínez había sufrido un ataque y un secuestro virtual perpetrado por sujetos armados. Durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, el alcalde solicitó escoltas y se le prometió su asignación, sin embargo, estas nunca llegaron.
El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que “Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida”. Jorge Romero declaró que se trata de “un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”. La dirigencia nacional de su partido exigió “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”.
Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República indicó que las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables, asegurando que “no habrá impunidad”. La dependencia informó que ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.
La Fiscalía de Oaxaca anunció que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, condenó el hecho y afirmó que la ejecución de Bravo Martínez “no es un hecho aislado”, calificándola como una muestra de la violencia que gana terreno mientras el gobierno federal es “incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”.
Moreno agregó que “cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”, advirtiendo que México no puede normalizar que los servidores públicos sean perseguidos por cárteles del crimen organizado y que “la impunidad se ha convertido en el mejor aliado de los criminales”.
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