Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante su proceso migratorio y de haber realizado “delitos graves”, entre los que se incluyen abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.
Entre los afectados figura Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, hija de un “conocido capo de la droga colombiano” que fue asesinado entre 1998 y 1999. Según el DOJ, Marroquín obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense y consiguió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras esconder sus antecedentes delictivos.
Las autoridades indican que entre 2003 y 2011, la colombiana participó supuestamente en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero. Para ello, utilizó fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, que ascendían a decenas de millones de dólares, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. Estados Unidos ha presentado cuatro demandas contra ella para revocar su estatus.
Además de Marroquín, el gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, India, Somalia, Filipinas y Jamaica. El tío de la acusada, con quien mantenía una estrecha relación, también era un importante narcotraficante condenado previamente por fraude hipotecario en una corte federal de Florida.
La ofensiva legal forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró: “Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, enfatizó que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente”. “Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, añadió el funcionario, quien también mencionó la necesidad de evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.
De prosperar estos procedimientos judiciales, las 17 personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.
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