Ciudad Juárez, 05 de junio de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá continuar con la verificación de cumplimiento de la recomendación que dirigió al Instituto Nacional de Migración (INM) en junio de 2023, derivada del incendio de la estancia migratoria en esta ciudad ocurrido en marzo de ese mismo año, el cual dejó 40 extranjeros fallecidos y 27 lesionados.
Organizaciones civiles obtuvieron un amparo para revertir la determinación de la CNDH de dar por cumplida la supervisión de dicho instrumento en abril pasado. El amparo fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
Aún hay puntos de la recomendación 111VG/2023 que no se han cumplido, como la atención médica y sicológica para los sobrevivientes en sus países. La CNDH pidió al INM realizar gestiones para que a los familiares de los 40 migrantes fallecidos y los 27 lesionados se les inscribiera en el Registro Nacional de Víctimas; sin embargo, Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia, señaló: “todavía seguimos sin saber si todas ya están integradas a este catálogo”.
Sobre la atención a familiares, Zavala afirmó: “claramente no ha pasado en ningún país de las víctimas que representamos: ni en Honduras ni en Guatemala ni en El Salvador ni en Venezuela”. Agregó: “Acompañamos a nueve núcleos y nunca se les dio atención”, refiriéndose a la falta de atención sicológica y tanatológica a los familiares de las víctimas fallecidas en sus países de origen.
Las organizaciones civiles indicaron que este amparo “vuelve a colocar a las víctimas en el centro y obliga a revisar si realmente el INM ha cumplido” las medidas ordenadas por la CNDH. En el tema judicial, la CNDH pidió que se investiguen todas las violaciones a sus derechos humanos y los delitos, así como que se sancione a los responsables.
A la fecha no hay un solo sentenciado. “Hay 11 imputados, dentro de ellos una mujer agente de migración y dos personas migrantes”, detalló Zavala. Respecto al ex titular del INM, Francisco Garduño, el abogado mencionó que “nunca fue inhabilitado y actualmente está ocupando un cargo en la Secretaría de Educación Pública”.
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