San Luis Potosí, 29 de mayo de 2026.- La semana pasada, dos comunicadoras fueron detenidas y encarceladas en San Luis Potosí por el delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social. Esta acción se enmarca en una reforma al código penal estatal aprobada en noviembre de 2025, un mes después de que se difundiera un video donde un supuesto comandante del Cartel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Ante la difusión del material en octubre de 2025, el gobernador Ricardo Gallardo negó los hechos y afirmó que el video estaba creado con inteligencia artificial, calificándolo en ese momento como “no era un juego, sino un delito grave”. Posteriormente, el Congreso de la entidad, la única gobernada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tipificó la sanción para el uso indebido de esta tecnología.
Un documento de la Fiscalía señala actualmente a otras nueve personas, entre las que figuran activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y gestores de plataformas digitales. Jan-Albert Hoosten, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, declaró que “todos los que aparecen ahí tienen en común que han sido muy críticos con el gobernador Ricardo Gallardo” y describió la situación como “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos”.
La activista e integrante de Morena Roxana Herrera, quien aparece en la lista de señalados, afirmó que se trata de una “persecución política” destinada a “callar las voces críticas con el actual Gobierno del Estado”. Herrera agregó que “ya hay un ambiente de miedo”. Por su parte, dos periodistas de la entidad identifican estos hechos como el último golpe a una libertad de expresión ya muy atacada, donde conviven con el temor de ser señalados, desprestigiados, despedidos o intimidados por escribir contra el gobierno de Gallardo.
Entre las personas señaladas se encuentra la periodista Anahí Torres, quien el año pasado pidió ayuda a Claudia Sheinbaum. Una periodista entrevistada apuntó que “la violencia política que traen las elecciones se está viendo desde ahorita”, en referencia a la intención del gobernador Gallardo de situar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora en las elecciones de 2027. Otra fuente mencionó que esto es “la culminación de” un proceso de presión. El Gobierno de San Luis Potosí no ha respondido a las preguntas del periódico EL PAÍS sobre estos hechos.
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