Almoloya De Juárez, 28 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya (penal del Altiplano) brindar atención médica inmediata a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, quien se reporta en estado de salud “muy grave”. La resolución judicial concede el amparo promovido por el interno para que se le otorguen los servicios y tratamientos necesarios.
De acuerdo con la información disponible, Palma Salazar presentó una demanda de amparo debido a la falta de atención médica por parte del área de salud del penal, la cual habría ignorado su caso desde el 13 de abril de 2026 pese a su condición. El recluso fue diagnosticado con tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático.
Como consecuencia de dicha patología, Héctor Palma Salazar presenta dolores muy fuertes en la espalda y el pecho al respirar, así como insomnio. Tras la concesión del amparo, las autoridades penitenciarias están obligadas a atender su solicitud de justicia y equidad conforme a la ley para estabilizar su cuadro clínico.
En otro hecho relacionado con este centro de reclusión, Isaí Martínez, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado al penal del Altiplano. Martínez salió de Hermosillo, Sonora, tras haber sido detenido en Nogales el 26 de mayo de 2026. El movimiento se realizó mediante un avión militar que partió de la base aérea de Hermosillo a las 12:25 horas del 27 de mayo de 2026 con destino al Estado de México.
Isaí Martínez llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alrededor de las 15:30 horas del 27 de mayo de 2026. Con su ingreso, se convierte en el cuarto familiar directo de ‘El Chapo’ Guzmán que arriba a este penal. Hasta el momento, se desconoce si a su llegada será puesto a disposición de un juez.
Por separado, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera dirigió una carta al juez de distrito Brian M. Cogan solicitando ‘trato justo’ y garantías constitucionales. En el documento, Guzmán Loera señaló: “Solicito recibir un trato justo en este país. De acuerdo con los principios constitucionales y las leyes aplicables en la corte, tengo derecho a comunicarme y a ser escuchado, así como a la igualdad en la protección de mis derechos”.
En su misiva, el narcotraficante denunció presuntas irregularidades en el caso que enfrenta en Estados Unidos, afirmando que sus derechos constitucionales “han sido vulnerados”. Indicó que esta declaración responde a una preocupación ante el tribunal respecto al cumplimiento de sus derechos “dado el consentimiento y la aparente falta de evidencia bajo la ley federal”.
Ante la petición, el juez Brian M. Cogan respondió que, una vez condenado, las disposiciones sobre la reclusión de Guzmán están en manos de la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. y que él no tenía poder para intervenir, instando únicamente a “atender mi solicitud de justicia y equidad conforme a la ley”, según lo expuesto por el interesado.
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