Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y aseveró que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Los jueces y magistrados enfatizaron que su compromiso ético es con la división de poderes y no con intereses facciosos, rechazando lo que calificaron como una simulación de elección.
La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista. “Cualquier modificación o reforma que no integre estas consideraciones será solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición de justicia”, subrayaron.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y comentó sobre la renovación escalonada: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”. Además, sugirió que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria y que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones; sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2024. En sexenios anteriores, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos relacionados con grandes obras de infraestructura, incluyendo decisiones sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
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