Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La página web del organismo indica que la detención se produjo por irregularidades en su situación migratoria.
El empresario es acusado por la justicia de México de un presunto fraude millonario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hace más de una década. La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Zaga Tawil, a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El caso se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. Según el acuerdo inicial, el Infonavit aportaría los inmuebles, mientras que Telra se encargaría de la inversión para su reconstrucción y de la gestión de programas de movilidad hipotecaria.
La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas. El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la FGR. En septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones.
Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
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