Ciudad De México, 13 de abril de 2026.- La disponibilidad de fármacos genéricos en México enfrenta un freno derivado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que líderes empresariales instan a priorizar en la revisión del acuerdo prevista para 2026. Ricardo del Olmo, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), afirmó que el tema debe ser central, pues mientras en Estados Unidos y Canadá el tratado garantiza el acceso y la reparación de daños por extensiones artificiales de patentes, en México “no pasa nada” y se obstaculiza la adquisición de productos de calidad a menor costo.
El directivo explicó que el anexo 2050 del T-MEC regula las patentes entre Estados Unidos y Canadá, mientras que para México se aplica el anexo 20 A. En el país vecino del norte, cuando una empresa intenta ampliar la exclusividad de un fármaco sin fundamento, el fabricante del genérico obtiene el derecho de ser el único vendedor en el mercado; en Canadá, se compensan los daños por el retraso injustificado para el registro y comercialización del genérico. En contraste, para México se estableció un mecanismo de consulta de vigencia de patentes, y cuando la industria trasnacional considera que se violan sus derechos, interpone juicios contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que frena el trámite de registro sanitario del genérico.
Del Olmo advirtió sobre la pérdida de capacidad productiva nacional: “En la década de los 80, México era productor de ingredientes farmacéuticos activos (API), pero en la actualidad más del 90% de las sustancias activas proviene de Asia”. El líder empresarial subrayó que “la dependencia del exterior de ingredientes farmacéuticos siempre será una amenaza” a la soberanía y autosuficiencia, y enfatizó que ante estas prácticas “no vale ninguna otra patente”.
En el ámbito de la integración regional, Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, participó en el Texas Policy Summit 2026 para analizar el futuro de la relación comercial. Rubin planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional más allá de temas arancelarios y señaló que la relación bilateral debe entenderse como una alianza estratégica basada en infraestructura compartida, integración energética, Estado de derecho y seguridad regional. El ejecutivo consideró que el T-MEC requiere una revisión que refleje una nueva realidad económica de América del Norte y brinde mayor certidumbre a la inversión.
Rubin subrayó la importancia de Texas como punto clave en el intercambio económico, ya que concentra una parte significativa del comercio bilateral que supera cientos de miles de millones de dólares anuales y funciona como una plataforma logística, energética e industrial. Texas se mantiene como un núcleo operativo clave para la integración energética entre México y Estados Unidos debido a su infraestructura de gasoductos, puertos y corredores industriales. Además, propuso avanzar hacia un enfoque de comercio justo que permita fortalecer las cadenas de suministro y distribuir de forma más equilibrada los beneficios de la integración, noting que empresas mexicanas con presencia global generan empleos y actividad económica en Texas y otros estados.
El contexto comercial muestra que México es el principal proveedor mundial al mercado de Estados Unidos y el principal destino de las exportaciones de ese país. En enero de 2026, cerca del 17% de todas las ventas mundiales de Estados Unidos tuvo como destino a México. El comercio de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos en la región del T-MEC supera los 2 billones de dólares, mientras que el comercio de bienes de Estados Unidos con México ascendió a un total estimado de 872 mil 800 millones de dólares en 2025. Se estima que más de cinco millones de empleos en Estados Unidos dependen directamente del comercio con México y Canadá, y en promedio, el 74% del valor de las manufacturas elaboradas en México y que se exportan a Estados Unidos contiene insumos norteamericanos.
Ante este escenario, una declaración conjunta de México y Estados Unidos manifestó la intención de “examinar opciones especificas para incrementar la producción y el empleo manufacturero en México y en Estados Unidos”.
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