vinculan a proceso a exoficial mayor Alan Sotelo es el tercer exfuncionario vinculado a proceso
Ciudad De México, 12 de abril de 2026.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California Sur confirmó la vinculación a proceso del ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin por el delito de abuso de autoridad por simulación. El exfuncionario quedó sujeto a proceso debido a la contratación de una empresa financiera que debía gestionar un crédito bancario para el gobierno municipal de Los Cabos y que, a pesar de no haber realizado ningún trámite, recibió un pago millonario autorizado por Sotelo.
El juez de Control determinó tres medidas cautelares para Alan Sotelo: firma periódica quincenal, prohibición de acercarse al domicilio del Ayuntamiento de Los Cabos y prohibición de acercarse o comunicarse con testigos y/o denunciantes. Con este caso, la Fiscalía señala a cinco exfuncionarios del gobierno de Óscar Leggs Castro por haber celebrado y firmado un contrato para conseguir un crédito autorizado por 300 millones de pesos, del cual se pagaron 14 millones 170 mil 560 pesos a la empresa financiera sin que la gestión se llevara a cabo. Previously, el exalcalde Óscar Leggs Castro y el extesorero Martín Talamantes fueron los primeros dos exfuncionarios vinculados a proceso por el mismo delito.
En otro frente judicial, el conductor de televisión Patricio Cabezut aseguró que demandará al periodista Carlos Jiménez (C4) por daño moral. Cabezut afirmó que Jiménez difundió incorrectamente su ratificación de vinculación a proceso por presunto abuso y calificó la información como errónea y distorsionada. “Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”, declaró el conductor.
Cabezut calificó de deleznable al “pseudo periodista” y señaló: “Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”. En respuesta, Carlos Jiménez refrendó que Cabezut está vinculado a proceso y aseguró que no lo van a callar: “su amenaza y sobre todo el amago de su denuncia por daño moral, para mi es una más de todas la fila de personas deleznables… que busca callarme, por qué, por evidenciar su sucia realidad”.
Por otro lado, Doña Carlota Alfaro, quien enfrentó un proceso por el asesinato de dos hombres que invadieron su casa en Chalco, Estado de México, relató el miedo que sintió por su vida y la de sus hijos antes del enfrentamiento. La mujer denunció que la corrupción de los Ministerios Públicos la orilló a actuar por justicia propia, pues las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias por despojo. “No debí hacerlo, pero si no lo hacía, no lo estaría contando. El muchacho me dijo ‘la vamos a deshacer’, me amenazó muy fuerte”, expresó.
Doña Carlota señaló que comenzó a accionar su arma cuando uno de los jóvenes se mostró especialmente agresivo, insultándola y advirtiéndole que le quitaría todas sus pertenencias, incluido el automóvil. “Dijo que me iba a quitar el carro y que me iba a quitar todo y dije ‘ándale pues, órale, ahí te va ¿Quieres todo? Todo va a ser para ti’. Yo me acuerdo de que les di a los dos, pero primero al chavo que estaba muy agresivo”, detalló. Aunque admitió que pensaba movilizarse a su natal Guerrero tras el doble homicidio, decidió no huir y mencionó que durante su detención las autoridades mataron al perro de su hijo Lalo.
Finalmente, la defensa del exfutbolista Omar Bravo solicitó llevar el proceso de su cliente en libertad bajo fianza, pero la petición fue negada, por lo que seguirá en prisión preventiva en el Penal de Puente Grande de Jalisco. Bravo, acusado por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años de edad, podría permanecer en prisión hasta por dos años mientras se resuelve su situación legal. Un juez dictó vinculación a proceso contra él el pasado 4 de octubre de 2025.
El abogado Juan Soltero explicó que uno de los hechos por los cuales se imputó a Omar Bravo es cuando la menor tenía menos de 12 años, lo cual agrava la pena. “Eso agrava la pena de 3 a 6 años, y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”, indicó el defensor, mientras que la defensa de la víctima solicitaría una pena dentro de ese rango. En caso de determinar su culpabilidad, Omar Bravo podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
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