Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 el cierre del litigio penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceanico. La funcionaria señaló que 145 víctimas del siniestro optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, con la firma de acuerdos reparatorios que derivaron en la extinción de la acción penal correspondiente.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 a las 09:28 horas en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas. De las 145 personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que esta reparación no se limitó a una compensación económica, sino que implicó atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
Las investigaciones determinaron que el descarrilamiento no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura. Los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del siniestro como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas. Al respecto, Ernestina Godoy declaró: “lo descartamos con los dictamenes periciales en materia de arquitectura e ingenieria civil, asi como con el de seguridad industrial”. Asimismo, se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público tras analizar auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción.
Por el contrario, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite era de 70 kilómetros por hora, y a 65 kilómetros por hora en la curva del descarrilamiento, donde el límite establecido era de 50 kilómetros por hora. Godoy afirmó que las autoridades “acreditaron fehacientemente la comision de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participacion del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”.
El caso fue judicializado el 27 de enero de 2026, obteniéndose órdenes de aprehensión y de cateo, así como autos de vinculación a proceso contra los tres operadores. Entre los detenidos se encuentran Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero por no supervisar ni intervenir. La FGR concluyó que los fallecimientos y lesiones derivaron del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora del ferroviario, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. Ernestina Godoy Ramos expresó: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el dano y evitar la impunidad”.
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