Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, identificadas como Leidy Rojas y Alexa Medina. La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa, quien dictó el auto bajo la figura del dolo eventual.
Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, municipio serrano de Badiraguato. Según la investigación, alrededor de las 14:00 horas, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano, pertenecientes al 42º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, abrió fuego sin previo aviso contra una camioneta familiar. Los militares dispararon al menos 119 veces contra el vehículo, en el que viajaban las menores junto con otros dos menores de 14 y 12 años, Silvia y Gael Medina, así como los padres de una de las niñas.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio por la muerte de las niñas y de homicidio en grado de tentativa por las lesiones causadas a los otros menores y a los padres. La familia se desplazaba con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta y se encontró con el convoy militar que circulaba en sentido contrario.
Durante el proceso, la defensa de los militares argumentó que sus defendidos actuaron “en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo”. Los abogados sostuvieron que los soldados dispararon porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real y que la situación “no podía evitarse en ese momento”. El juez desestimó estos argumentos para emitir la vinculación a proceso.
Las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares se ejecutaron y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. Inicialmente, las autoridades informaron que la familia había sido víctima de un fuego cruzado entre militares y criminales; sin embargo, testimonios de los supervivientes indicaron que no hubo ningún enfrentamiento. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompaña a la familia en el litigio, mientras que de manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos.
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