Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana identifica una oportunidad para reactivar la exploración y otorgamiento de concesiones, impulsada por la necesidad de Estados Unidos de asegurar minerales críticos. En febrero de 2026, ambos países firmaron un plan de acción para evaluar vías de colaboración en la producción, refinación y comercialización de estas materias primas fundamentales.
Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que existe una sección del mar cercana a México que podría contener nódulos polimetálicos. “Hay otra sección del mar, cercana a México, que también podría tener estos nódulos polimetálicos”, afirmó. Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), la extracción de estos nódulos no requiere excavación profunda y son más abundantes en la costa oeste del Pacífico mexicano.
Este contexto geopolítico contrasta con la pausa en el otorgamiento de títulos en tierra firme. México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019 y, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas. No obstante, en febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1.126 concesiones que abarcan 889.512 hectáreas por incumplimientos, de las cuales cerca de 250.000 hectáreas se ubicaban en áreas naturales protegidas.
Pedro Rivero, representante del sector, expresó que “estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”. Rivero agregó que el esfuerzo del Gobierno federal ha permitido tener “mucha más claridad” sobre cuánto hay, quién lo tiene y cuánto se está pagando en derechos.
Sin embargo, persisten desafíos en materia de inversión. Yaxa Michel advirtió: “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”. La ejecutiva sugirió aprovechar el momento: “Tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México”, especialmente en el área de procesamiento donde China tiene un dominio significativo.
El sector enfrenta también conflictos ambientales y legales de larga data. El litigio con la empresa Vulcan Materials (antes Calica) se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente su mina de piedra caliza en Quintana Roo. La compañía inició un arbitraje internacional en 2019 bajo el TLCAN para reclamar 500 millones de dólares. En 2024, un decreto declaró la zona como área natural protegida, impidiendo definitivamente la minería en el predio, mientras el gobierno mexicano argumentó en 2023 que el arbitraje era improcedente por actuar la empresa de mala fe.
La disputa con Vulcan involucra los predios El Corchalito y La Adelita, cuyas operaciones datan de 1986. En 2022 se clausuraron la mina Sac-Tun y el muelle de Punta Venado, revocándose el permiso aduanal para exportar las 3 mil 500 toneladas de roca caliza que la firma enviaba semanalmente. Según la Semarnat, el costo social para restaurar la zona impactada ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022.
La competencia global por recursos marinos se intensifica; Estados Unidos anunció en agosto un acuerdo con las Islas Cook para explorar minería de aguas profundas, mientras China firmó un convenio similar para la gestión de recursos en el lecho marino de ese mismo territorio.
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