Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Un total de 18 congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal, por lo que “todo está listo para que en la sesión del próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”, afirmó Andrea Becerril.
Las legislaturas que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Según los registros, la aprobación fue por unanimidad en la mayoría de estas entidades, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría. Becerril señaló que estos votos suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país.
La nueva disposición establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. El ajuste a las pensiones millonarias actuales será inmediato, con lo que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales. La reforma limita los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal en sus tres niveles de gobierno, aplicándose tanto a pensiones futuras como a las otorgadas con anterioridad, aunque la nueva disposición no opera para las fuerzas armadas.
Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que superan el millón de pesos mensuales, así como las de 600 ex funcionarios de esa empresa superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán las pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras en Petróleos Mexicanos (Pemex) que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se modificará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Ángel Gurría de Nacional Financiera.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para “revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable”. Sin embargo, existen advertencias sobre el alcance de la medida. Óscar Hernández, del Semanario ZETA, indicó: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron al Congreso local sobre los riesgos de una aprobación exprés de reformas similares. El sindicato identificó varias inconstitucionalidades graves, incluyendo la imposición de un “doble tope” que contradice artículos de la Constitución Federal y la propuesta de ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, expresó el SUTSEM, agregando que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.
Respecto a las exclusiones, Óscar Hernández comentó: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”. Mientras el gobernador Miguel Ángel Navarro argumenta que estas reformas buscan garantizar la sostenibilidad financiera y promover la austeridad republicana, persisten opiniones encontradas sobre si la medida afectará únicamente a las pensiones doradas o vulnerará el principio de irretroactividad de la ley.
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