Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Al poner bajo control militar estos espacios en Arizona, California y Texas, se otorga a las tropas autoridad para detener a personas, quienes son acusadas de violar leyes federales, incluyendo una normativa de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, aproximadamente 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares. Sin embargo, alrededor del 60% de estos cargos son retirados. Los casos suelen caerse cuando los jueces determinan que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no tenían conocimiento de que se trataba de una zona restringida.
Las investigaciones indican que los detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés y no logran identificar los letreros de advertencia, los cuales son descritos como poco visibles. Las zonas no están cercadas y únicamente cuentan con postes con signos de alerta. En un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre los límites de la zona militar; además, tanto soldados en el lugar como el Departamento de Guerra evitaron responder cuando se pidió indicar la ubicación exacta del ‘área de defensa nacional’.
Mientras los fiscales argumentan que el ingreso ilegal es suficiente para probar la intención criminal, el Departamento de Justicia ha asegurado que estas acusaciones han frenado los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles. Paralelamente, una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron mediante la aplicación CBP One, tras la cancelación de permisos que afectó a más de 900 mil personas y dejó en incertidumbre legal a miles de solicitantes de asilo.
En otro frente, el gobierno de México anunció que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones de detención, bajo la figura de amicus curiae (‘amigo de la corte’). Esta decisión surge tras la muerte de José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, quien falleció a los 52 años en condiciones extrañas bajo custodia del ICE en Adelanto, California.
Con este caso, suman 14 mexicanos muertos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, han muerto 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de las cuales tres de cada diez son mexicanas. Desde la creación del ICE en 2003, el saldo asciende a 63 mexicanos fallecidos por detenciones o bajo la custodia de dicha agencia.
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