Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La solicitud ha sido enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que remita el caso de inmediato.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define este tipo de crimen es el patrón de los ataques contra la población civil y su magnitud, no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento ignora las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo. La SRE afirmó: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y señaló que los argumentos del CED no coinciden con la definición del propio organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2019, particularmente a partir de reformas clave en julio de 2025.
El gobierno mexicano sostuvo que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que se circunscribe a solo cuatro de los 32 estados de la República. Además, las autoridades destacaron que el propio CED admite en su resolución que no hay indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos. No obstante, el comité indicó que ha recibido información sobre participación directa de funcionarios públicos en desapariciones o su aquiescencia, y lamentó que no haya una mejora sustancial desde su visita en 2021.
México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”. Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que “no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, calificando la reacción gubernamental como “una muy mala señal”. Corcuera aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y que el estándar utilizado por el comité está consolidado en el derecho internacional.
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