Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En medio de la búsqueda de más de 30 personas vinculadas al caso del autobús Pirasol y de al menos cinco ciudadanos colombianos desaparecidos en Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana se dará a conocer el registro de personas desaparecidas en el país. El anuncio gubernamental coincide con las demandas de familiares que denuncian falta de claridad en las investigaciones y con la localización reportada de una joven en la capital.
Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue localizada y ya se integra con su familia, confirmó la reportera Itzel Cruz Alanís. Sin embargo, persisten contradicciones sobre el estatus oficial del caso, pues se ha señalado que las autoridades no han confirmado la desactivación de la ficha de búsqueda. Por otro lado, Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, expresó que a un mes de los hechos la Fiscalía General del Estado no ha dado respuestas claras sobre las investigaciones.
En Baja California, el fiscal regional de Rosarito, Arturo Mandujano, proporcionó detalles sobre el caso de Eyder Andrés Marín Agudelo. La autoridad indicó que la víctima se comunicó con su expareja para informar que había tenido un percance y posteriormente que ya estaba mejor, pero después se perdió la comunicación. Mandujano precisó que hay dos teléfonos ubicados: uno parece estar por la carretera Tijuana-Rosarito y el otro por la vía Rosarito-Ensenada, aunque se desconoce si la desaparición ocurrió en el municipio de Rosarito o en Tijuana.
La incertidumbre también afecta a Adilene Martínez, cuyo esposo, Jesús Salvador Ramos Jaime, fue desaparecido. “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”, declaró la familiar respecto al caso. Mientras tanto, María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del colectivo Caso Pirasol, continúa la búsqueda de su hermano Rafael, uno de los dos choferes del autobús desaparecido hace 16 años, en un caso que involucra a más de 30 personas.
Estos episodios reflejan la complejidad de la crisis de desapariciones en México, que abarca desde casos de larga data hasta sucesos recientes en estados como Guerrero, Coahuila y las Californias. Aunque en algunas instancias la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional acompañan las búsquedas, los familiares mantienen la presión social mediante bloqueos carreteros y marchas para exigir resultados concretos.
Con el inminente anuncio del registro nacional de personas desaparecidas por parte de la Presidencia de la República, se espera que las familias cuenten con una herramienta más clara para dar seguimiento a sus seres queridos. No obstante, la ausencia de motivos específicos confirmados para las desapariciones recientes y la falta de cierres oficiales en casos mediáticos mantienen la tensión entre la sociedad civil y las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
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