Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general la reforma electoral conocida como Plan B durante la sesión del pasado 25 de marzo, con 87 votos a favor de las bancadas de Morena, PVEM y PT, y 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la minuta que fue remitida a la Cámara de Diputados excluyó las disposiciones sobre revocación de mandato que habrían permitido a la presidenta Claudia Sheinbaum someterse a ese mecanismo en 2027.
De acuerdo con el registro de la sesión, 128 senadores estuvieron presentes durante la votación. El Partido del Trabajo, aliado de la coalición oficialista, condicionó su apoyo a la eliminación del apartado sobre revocación de mandato, según confirmó en tribuna su dirigente Alberto Anaya durante la discusión vespertina del dictamen.
Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza respectivamente, defendieron la iniciativa presidencial ante el Pleno. Inzunza hizo un llamado público a los senadores del PT para avalar la reforma en sus términos originales, argumentando que la revocación de mandato representa un mecanismo de responsabilidad ciudadana y no de confrontación política.
La reforma contempla modificaciones a cuatro artículos de la Constitución que establecen topes presupuestales para congresos locales, limitaciones a regidurías municipales y restricciones a remuneraciones de funcionarios electorales. Según el dictamen aprobado, autoridades del INE, organismos electorales locales y tribunales no podrán percibir ingresos superiores a los de la Presidenta de la República.
Durante más de seis horas de debate, senadores de la oposición descalificaron la reforma y sostuvieron que el objetivo central era habilitar a la mandataria para participar en el proceso electoral intermedio. La senadora del PRI Claudia Anaya celebró públicamente que el PT se haya separado de la propuesta sobre revocación de mandato.
La minuta con las modificaciones aprobadas fue enviada a San Lázaro pasada la medianoche del 25 de marzo para continuar el proceso legislativo. La Cámara de Diputados deberá ahora analizar y votar el dictamen para que las medidas de austeridad electoral puedan entrar en vigor.
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