Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- El asesinato de dos maestras a manos de un alumno de 15 años en una escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ha detonado un debate nacional sobre la necesidad de reformar la legislación para juzgar a menores de edad como adultos cuando cometen delitos graves. El hecho, ocurrido la mañana del 24 de marzo en el Colegio Antón Makarenko, dejó como saldo la muerte de Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y Mariana del Rosario Sagrero, de 36, quienes fueron atacadas con un rifle AR-15 por el estudiante identificado como Osmar “N”.
Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, informó que se buscará procesar al adolescente por tres delitos: feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo. Aunque el caso se tramitará bajo el sistema de justicia para adolescentes, que prioriza la rehabilitación y establece una pena máxima de internamiento de tres años para este rango de edad, la autoridad reconoció que el arma utilizada no tiene registro y ingresó de manera ilegal al país.
Ante la magnitud del crimen, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que existen indicios de que el ataque fue planeado y que las víctimas eran el objetivo específico del agresor. En relación con el marco legal, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, al tiempo que anunció un programa nacional de salud mental para adolescentes que incluirá capacitación docente y personal especializado.
Por su parte, los familiares de las víctimas han exigido que el responsable sea juzgado bajo la ley para adultos. Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de Mariana del Rosario, sostienen que la acción no fue impulsiva, sino un hecho premeditado que amerita una sanción equivalente a la de un mayor de edad, la cual podría alcanzar hasta 50 años de prisión en caso de feminicidio.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando condolencias y solidaridad con los deudos y la comunidad educativa, reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros. Mientras se define el futuro jurídico del caso, continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del arma y los motivos precisos que llevaron al alumno a cometer este acto de violencia.
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