Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control en Baja California vinculó a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas, se deriva del contrato celebrado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que nunca se concretó.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el convenio comprometía al gobierno estatal a realizar pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años, lo que representaba un desembolso total cercano a los 37 mil millones de pesos, garantizados con aportaciones federales. Las autoridades señalan que, a pesar de que no se obtuvieron los permisos necesarios para iniciar la construcción, la empresa recibió un pago inicial millonario por concepto de la obra incumplida.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla Valdez, conformada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Los representantes legales cuestionaron la competencia de la autoridad investigadora y sostuvieron que los pagos a la contratista se realizaron en un periodo posterior a la conclusión del mandato del exgobernador, por lo que argumentaron la falta de pruebas para sustentar los delitos de abuso de autoridad y peculado en su contra.
Asimismo, la defensa afirmó que el delito de uso ilícito de atribuciones no se configura, ya que el proyecto correspondía a un contrato plurianual de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal como lo establece la tipificación del delito. Pese a estos argumentos, el juez consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal, estableciendo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Como medida cautelar, el juez impuso a Bonilla Valdez el pago de una garantía de 100 mil pesos, por lo que el exfuncionario enfrentará el juicio en libertad. Al término de la comparecencia, el ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) declaró que la decisión no le sorprendía y atribuyó el proceso a un conflicto político con la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de quien dijo que busca perseguir a quienes se enfrentan a su administración.
Este caso marca un nuevo capítulo en la tensión política entre el gobierno estatal actual y el grupo político liderado por Bonilla, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021 bajo la bandera de Morena antes de migrar al PT. La resolución judicial permite retomar el curso de un procedimiento que había permanecido estancado debido al fuero constitucional del que gozaba el exgobernador durante su etapa como senador y a diversas ausencias en audiencias previas.
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