Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción. La decisión, notificada este martes, ha generado una divergencia de interpretaciones: mientras la autoridad fiscal la describe como un procedimiento técnico-legal por falta de requisitos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó desconocer el número específico de entidades afectadas y los detalles de la lista, calificando el acto como una decisión autónoma del organismo.
De acuerdo con las cifras manejadas en el contexto de la medida, se habla de 113 organizaciones específicas que perdieron el beneficio, aunque otras fuentes mencionan un universo de hasta 270 entidades de un padrón que supera las 10 mil donatarias autorizadas en el país. Entre los afectados destacan agrupaciones que han mantenido posturas críticas hacia las políticas gubernamentales o que han sido objeto de escrutinio público en administraciones anteriores. El caso de Mexicanos contra la Corrupción, cuyo permiso fue retirado en el sexenio previo por recibir fondos del extranjero, fue mencionado por la mandataria como un antecedente relevante al abordar el tema.
La justificación oficial del SAT se centra en el incumplimiento de requisitos establecidos en la legislación vigente, incluyendo aspectos relacionados con la Ley de Ciencia. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional México han cuestionado la naturaleza de la revocación, interpretándola no como un mero trámite administrativo, sino como una medida con implicaciones políticas que debilita a la sociedad civil. Estos grupos alertan sobre una tendencia regional de restricciones al espacio cívico y señalan la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que complican la operación de las entidades sin fines de lucro.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser interrogada sobre la situación, señaló que no tiene conocimiento detallado de cuántas ni cuáles organizaciones fueron desautorizadas, presentando la acción como resultado de la autonomía técnica del SAT. Esta postura contrasta con la percepción pública que vincula la medida con una estrategia de gobierno con impacto político directo. La discrepancia entre la explicación institucional de legalidad y la lectura de actores civiles sobre la intencionalidad política marca el centro de la polémica actual.
El contexto de esta decisión incluye también señalamientos sobre la disparidad en los tiempos de respuesta de la autoridad. Mientras algunas organizaciones enfrentan procesos largos o revocaciones por supuestos incumplimientos, se ha destacado la autorización exprés, realizada en dos días, a la asociación ‘Humanidad con América Latina A.C.’, vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este contraste ha alimentado el debate sobre la equidad en el tratamiento fiscal a las diferentes entidades.
Aunque el SAT emitió su postura justificando la legalidad del procedimiento, persisten interrogantes sobre la lista completa y oficial de las organizaciones afectadas, así como los plazos específicos que se otorgaron para subsanar los incumplimientos antes de la revocación. La falta de claridad en estos puntos mantiene la tensión entre el gobierno federal y el sector de las organizaciones no gubernamentales, quienes exigen transparencia sobre los criterios aplicados para mantener o retirar el estatus de donataria autorizada.
About The Author
