Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que se extiende a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han sido notificadas o están en proceso de revisión. La decisión surge de una discrepancia interpretativa entre las autoridades fiscales y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) respecto a las atribuciones para acreditar las actividades de estas entidades.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja oficialmente, mientras que el resto enfrenta la incertidumbre sobre la continuidad de su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. El SAT fundamenta la revocación en el argumento de que la SECIHTI carecía de las facultades legales para emitir las acreditaciones que estas organizaciones presentaron como cumplimiento de las nuevas disposiciones fiscales.
Por su parte, el IMCO, asociación civil fundada en 2003, sostiene que actuó en apego a la ley al obtener la acreditación correspondiente ante la secretaría encargada de la materia. El instituto afirma haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y cuestiona la postura del servicio de administración tributaria, que desconoce la validez de los documentos emitidos por la dependencia de ciencia y tecnología.
Esta contradicción entre los criterios de la SECIHTI y el SAT ha generado un escenario de indefinición para el sector de las organizaciones sin fines de lucro. Las entidades afectadas quedaron en un limbo administrativo donde, a pesar de haber seguido los procedimientos establecidos por una dependencia federal, ven anulados sus derechos fiscales por una interpretación restrictiva de la autoridad recaudadora.
El caso del IMCO ejemplifica la tensión que atraviesa el ecosistema de la sociedad civil en México, donde cambios en la interpretación de las normas de acreditación derivan en la pérdida inmediata del estatus de donatarias autorizadas. Hasta el momento, no se ha divulgado una resolución definitiva sobre las nuevas solicitudes presentadas por las organizaciones para regularizar su situación ante el SAT.
La revocación masiva del estatus plantea desafíos operativos para las más de 100 organizaciones involucradas, las cuales dependen de la capacidad de emitir recibos deducibles para financiar sus programas de investigación, incidencia pública y desarrollo social. La falta de claridad sobre las disposiciones exactas que exigen la acreditación y la fecha precisa de las notificaciones mantiene al sector en espera de una definición que permita restablecer la certeza jurídica necesaria para su operación.
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