Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- La coordinación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa legislativa para regular el uso de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos, acción que coincide con la visita del Relator Especial de la ONU, Marcos A. Orellana, quien recibió 42 contribuciones durante su recorrido por el país. Paralelamente, la Secretaría de Marina y la Conapesca aseguraron 25.11 toneladas de pesca ilegal en Ensenada, mientras que en Coahuila el IMSS reportó la aplicación de más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión.
La propuesta legislativa impulsada por Manuel Velasco busca establecer un marco jurídico más estricto para el manejo de contaminantes, en un contexto marcado por la impunidad relacionada con el ecocidio en el Río Sonora ocurrido en 2014. Durante su estancia, el relator de la ONU recabó testimonios y datos que serán integrados a un informe sobre la gestión de tóxicos en la nación, donde se registran más de 142 millones de sustancias químicas a nivel global.
En el ámbito de la seguridad ambiental y marítima, autoridades federales lograron el decomiso de 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie en Ensenada. El operativo, ejecutado por la Armada de México y la Conapesca, tuvo lugar el pasado 18 de marzo, reforzando los esfuerzos para combatir la pesca ilícita que amenaza especies en peligro de extinción.
Simultáneamente, en el sector salud, Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora del IMSS en Coahuila, informó que se han administrado más de 147 mil dosis de la vacuna contra el sarampión como parte de las campañas de prevención epidemiológica en la entidad. Esta acción busca mantener la cobertura de inmunización y prevenir brotes de enfermedades evitables en la población.
Estos eventos reflejan la multifacética gestión pública actual en México, abarcando desde la formulación de políticas ambientales hasta la ejecución de operativos de vigilancia y la prestación de servicios de salud preventiva. La convergencia de estas acciones en marzo de 2026 destaca la atención simultánea a crisis ecológicas históricas, delitos ambientales activos y necesidades sanitarias inmediatas.
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