Por Redacción
Ciudad De Washington, 21 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas excepcionales para contener la crisis energética global derivada del conflicto en Medio Oriente, incluyendo la autorización para la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que se encontraban sancionados y la contemplación de una reducción gradual de las operaciones militares contra Irán. La decisión fue dada a conocer desde la Ciudad de Washington en medio de una volatilidad que ha llevado el precio del barril de crudo a más de 100 dólares y ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, afectando las cadenas de suministro mundiales.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., participó en el anuncio de estas estrategias que buscan estabilizar los precios de los combustibles, los cuales han registrado un incremento significativo, situando el galón de gasolina entre 3.8 y 4.2 dólares en el mercado estadounidense. Entre las acciones implementadas destaca también la modificación de la Ley Jones para facilitar el transporte marítimo y aliviar la presión sobre la oferta energética, según informó el Departamento del Tesoro.
La postura del mandatario estadounidense presentó contradicciones durante su exposición. Aunque Trump declaró que “no quiere un alto el fuego”, simultáneamente indicó que su administración contempla “reducir gradualmente” las operaciones militares contra Irán. Asimismo, el presidente criticó a países de la OTAN por su negativa a “abrir el estrecho de Ormuz”, mientras aseguraba que “Estados Unidos prescinde del estrecho”, generando incertidumbre sobre la estrategia geopolítica a seguir.
En medio de este escenario, el impacto económico resuena en América Latina. Édgar Amador, secretario de Hacienda de México, así como Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, han sido identificados como actores clave en la respuesta local ante la turbulencia. El gobierno mexicano ha implementado subsidios fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar el impacto en los precios de los combustibles, aunque analistas alertan sobre la persistente presión inflacionaria que podría afectar la economía nacional.
El contexto del conflicto incluye reportes previos de ataques a infraestructura crítica, como el incidente del 7 de marzo contra una planta desalinizadora en Qeshm, que Irán atribuyó a Estados Unidos, aunque el ejército estadounidense negó la participación según fuentes noticiosas. Estas tensiones han mantenido bloqueados los envíos energéticos y motivado la intervención directa de Washington con la liberación de activos petroleros iraníes varados en el mar como medida de urgencia para bajar los costos globales.
La situación permanece en desarrollo mientras los mercados evalúan la efectividad de la liberación de los 140 millones de barriles y la posible desescalada militar sugerida por la Casa Blanca. La dependencia global del estrecho de Ormuz y la respuesta de las naciones aliadas seguirán siendo factores determinantes en la evolución de esta crisis energética durante los próximos meses.
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