Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- A un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la capacidad de respuesta del nuevo órgano garante, Transparencia para el Pueblo, muestra una reducción drástica de más del 88 por ciento en la resolución de recursos de revisión. Mientras que en 2024 el INAI resolvió 53,233 casos, la nueva entidad apenas atendió 5,921 entre marzo de 2025 y la misma fecha de 2026, según datos del propio sistema de transparencia.
La caída en la productividad coincide con el periodo de transición institucional. El INAI fue eliminado el 20 de marzo de 2025 mediante reformas a la Ley Federal de Transparencia, y su sucesor, Transparencia para el Pueblo, comenzó a operar formalmente en junio de ese año. En los primeros tres meses de 2025, antes de la disolución total, el antiguo instituto logró resolver más de 8,000 recursos, cifra que supera el volumen anual acumulado por la nueva administración en su primer año de vida.
Ante este escenario, Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que no existe manera de evaluar el desempeño del nuevo órgano de rendición de cuentas debido a la falta de datos públicos sobre su operación. La crítica surge en un contexto donde el INAI recibió un millón de solicitudes de información únicamente durante 2024, lo que plantea interrogantes sobre el flujo actual de peticiones y su tramitación bajo la nueva estructura.
La controversia sobre la opacidad se agudizó con un caso reciente involving al Instituto Nacional Electoral (INE). La organización civil La Silla Rota interpuso un recurso de revisión para exigir la transparencia del contrato INE/050/2025, relacionado con la adquisición de más de 300 cámaras de videovigilancia para ocho edificios y 32 juntas locales. El INE intentó reservar esta información por cinco años, argumentando que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008 y que la revelación ponía en riesgo la seguridad nacional y la vida de su personal ante la violencia actual.
Sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) revocó la reserva impuesta por el organismo electoral. En su determinación, el OIC estableció que el contrato no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad nacional, ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna. Esta decisión marca un precedente sobre los límites de la reserva de información en el nuevo esquema de transparencia, donde las unidades de administración de las dependencias federales han absorbido funciones que antes competían al instituto autónomo.
La reducción en el número de recursos resueltos y las disputas sobre el acceso a información sensible como la del INE evidencian los desafíos operativos y jurídicos que enfrenta el sistema mexicano de transparencia en su primer año bajo la administración de Transparencia para el Pueblo, sin que hasta el momento se hayan divulgado cifras oficiales sobre el total de solicitudes recibidas por la nueva entidad desde su creación.
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