Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y de otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., en relación con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión fue tomada por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien permanecerá recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.
La audiencia se llevó a cabo el 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para proceder legalmente contra las implicadas. Como parte de la resolución, se estableció un plazo de dos meses para la continuación de la investigación respecto a los delitos por los cuales fueron vinculadas.
Existen discrepancias en las fuentes consultadas sobre la naturaleza exacta de los imputados. Mientras que algunos reportes indican que la vinculación se da por delitos contra la salud, otros especifican que se trata de posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. A pesar de estas diferencias en la tipificación inmediata, el contexto de la acción legal se enmarca dentro de las diligencias que la FGR realiza por el caso Ayotzinapa.
El caso Ayotzinapa refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sucedida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Las investigaciones recientes han sacado a la luz la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que son objeto de análisis por parte de las autoridades federales.
Con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada contra la ex subprocuradora, el proceso judicial entra en una fase crítica donde se deberán esclarecer las responsabilidades específicas de las funcionarias en los hechos que han mantenido abierta la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias desde hace más de una década.
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