Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales por presuntos daños graves al patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya, con más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas hasta 2026.
Los denunciantes incluyen miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Entre los señalados figuran el exdirector del INAH Diego Prieto, Margarito Molina (director del Centro INAH Quintana Roo) y Manuel Pérez Rivas (encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya), así como miembros del Consejo de Arqueología.
Según el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, las cifras manejadas indican que más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas hasta este año. Además, se reportan 47 monumentos mayas supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y 36 monumentos arqueológicos reubicados en el parque Balam Tun.
Las acusaciones se centran en el proyecto Parques de la Memoria del Tren Maya, específicamente el parque Balam Tun. Los especialistas afirman que las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, lo que ha generado un conflicto interno dentro de la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico mexicano.
Existen contradicciones en los reportes sobre el estado de las denuncias. Mientras algunas fuentes indican que los especialistas preparan las denuncias, otras afirman que ya las presentaron y que formalizarán la acusación ante autoridades competentes en los próximos días.
La información faltante incluye la fecha y hora exacta de la presentación formal, la autoridad específica ante la cual se acudiría (Ministerio Público o Fiscalía), y evidencia documental concreta que respalde las acusaciones sobre el uso de dinamita y retroexcavadoras para destruir monumentos. Tampoco se ha obtenido respuesta oficial de los funcionarios denunciados o del INAH como institución.
Este caso representa un conflicto significativo dentro del INAH, donde especialistas internos denuncian a sus propios colegas y exfuncionarios por acciones que podrían constituir delitos contra el patrimonio arqueológico nacional, en el contexto de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno federal mexicano.
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