Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante una demolición en la colonia San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores el pasado 9 de marzo y dejó a un sobreviviente, Ángel Miranda, quien junto con familiares de las víctimas inició acciones legales contra la empresa responsable y autoridades capitalinas por presuntas fallas en la supervisión. El incidente expuso un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, así como un rezago de 456 solicitudes de inspección pendientes.
El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano, representante de los afectados, interpuso una demanda por responsabilidad civil extracontractual, señalando que la empresa a cargo de la demolición en el inmueble de San Antonio Abad 124 podría haber operado sin la póliza de seguro obligatoria o con irregularidades en la misma. La acción legal busca determinar las responsabilidades tanto de la compañía como de los funcionarios públicos que debieron verificar las condiciones de seguridad del trabajo.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha señalado que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones técnicas correspondientes a las autoridades centrales, pero enfrenta un rezago de cientos de peticiones sin respuesta. Por su parte, la dirigente del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, respaldó a la alcaldesa y responsabilizó al Gobierno central de no atender las 456 solicitudes de inspección pendientes desde octubre de 2025.
El conflicto se centra en la aplicación del llamado ‘Acuerdo de Facilidades’, que según versiones contendientes, limitaría las facultades de supervisión de las alcaldías sobre los procesos de demolición, trasladando esa responsabilidad a dependencias del Gobierno capitalino. Esta falta de claridad en las atribuciones habría creado un vacío en la vigilancia de al menos 17 inmuebles en proceso de demolición identificados como de alto riesgo.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene abierta una investigación por los hechos ocurridos el 9 de marzo para determinar posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso ha puesto en evidencia la crisis en los procesos de supervisión de obras y demoliciones en la capital, donde la burocracia y los conflictos institucionales ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores y vecinos.
El derrumbe en San Antonio Abad se suma a una serie de incidentes similares registrados en los últimos años en la ciudad, reactivando el debate sobre la necesidad de una reforma profunda en los protocolos de seguridad para la construcción y demolición, así como una clara delimitación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno en la capital.
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