Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente para señalar al otro como responsable de la supervisión de la demolición del edificio en San Antonio Abad 124, cuyo colapso dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. La controversia gira en torno a un “Acuerdo de Facilidades” que, según la alcaldesa, obligaba al gobierno capitalino a coordinar y garantizar la seguridad de la obra.
Rojo de la Vega sostuvo que la demolición debía ser supervisada por el gobierno de la CDMX mediante dicho acuerdo, el cual, según su interpretación, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. Calificó la decisión de autorizar la obra tras haber negado inicialmente el permiso como algo deliberado: “No fue un error. Fue una decisión”.
En contraste, durante una conferencia de prensa, el secretario Inti Muñoz Santini argumentó que la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades. Esta postura contradice directamente la de la alcaldesa, generando un conflicto institucional sobre quién debió evitar la tragedia.
El incidente ocurrió en un edificio cuya empresa propietaria no ha sido identificada públicamente. Los permisos para su demolición fueron negados inicialmente el 17 de octubre del año pasado debido a la detección de al menos 10 riesgos graves, pero fueron autorizados apenas tres días después mediante el mencionado Acuerdo de Facilidades, un mecanismo que agiliza trámites.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre la naturaleza de los riesgos detectados, la hora exacta del colapso, la identidad de las víctimas mortales ni el estado actual de la investigación oficial. El caso expone fallas en los protocolos de supervisión de obras de riesgo en la capital y la tendencia a la delegación de responsabilidades entre distintos niveles de gobierno.
El desastre en San Antonio Abad se suma a una serie de incidentes por colapsos estructurales en la Ciudad de México, poniendo en evidencia las grietas en los sistemas de control urbano y la urgente necesidad de clarificar los mecanismos de supervisión y responsabilidad entre alcaldías y el gobierno central, especialmente cuando media la figura de los Acuerdos de Facilidades.
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