Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, enfocado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego de que su iniciativa de reforma constitucional fuera rechazada en la Cámara de Diputados. La propuesta incluye la reducción de regidurías municipales a un máximo de 15 y mínimo de 7, un tope presupuestal del 0.7% del gasto estatal para congresos locales, recortes progresivos de hasta 15% en el Senado y la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial en 2027.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los detalles de la iniciativa durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, enmarcando las medidas dentro de la política de ‘austeridad republicana’ promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación. El plan surge como una alternativa tras el fracaso de la reforma constitucional más amplia que proponía, entre otros puntos, reducir legisladores plurinominales y el financiamiento a partidos políticos.
La inclusión de la revocación de mandato para el periodo 2027-2028 generó reacciones inmediatas en la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra de este componente específico, señalando que su partido analizará la iniciativa completa pero mantendrá una postura crítica frente a mecanismos que consideren instrumentos políticos.
El envío de este Plan B al Senado busca avanzar en cambios que no requieren reforma constitucional o que podrían tener mayor consenso entre las fuerzas políticas, evitando así el bloqueo que enfrentó la propuesta original. Sin embargo, se desconoce la postura oficial y detallada de otros partidos como Morena, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, así como el monto específico de ahorro que proyecta el gobierno con estas medidas.
El contexto político indica que la administración de Sheinbaum prioriza la eficiencia del gasto y la reducción de estructuras burocráticas, aunque enfrenta el desafío de negociar con un Congreso donde no cuenta con la mayoría calificada necesaria para cambios constitucionales. El proceso de discusión en el Senado definirá el futuro de esta iniciativa y su posible impacto en el sistema electoral mexicano.
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