Por Luis Martínez Alcántara
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que no tiene intención de renunciar a su cargo, afirmando que “no hay razones” para hacerlo. Esta postura se mantiene a pesar de las crecientes protestas ciudadanas que exigen su dimisión debido a la escalada de violencia en el estado. Rocha enfatizó que fue elegido por una mayoría significativa y que su mandato debe ser respetado.
Sinaloa enfrenta una ola de violencia derivada de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre los seguidores de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’.
Desde septiembre de 2024, estos conflictos han resultado en más de 60 muertes y numerosas desapariciones. La situación ha generado temor entre la población, con reportes de balaceras, incendios y cuerpos abandonados en las calles.
La violencia ha cobrado un alto costo humano en Sinaloa. Recientemente, el asesinato de Antonio Sarmiento Ruiz y sus hijos, Gael y Alexander, en Culiacán, desató una ola de indignación y protestas en la ciudad.
La violencia en Sinaloa ha provocado pérdidas económicas estimadas en 18 mil millones de pesos desde septiembre de 2024, afectando principalmente al comercio, servicios y turismo, con una recuperación de ventas de solo el 40% en Culiacán. Además, se ha reportado una disminución del 5% al 10% en el empleo y pérdidas diarias de más de 500 millones de pesos durante paralizaciones por hechos violentos.
A pesar de programas estatales de apoyo económico que incluyen créditos y fondos para empresarios y comerciantes, la percepción de inseguridad sigue siendo un obstáculo para la recuperación económica, y los empresarios han exigido al gobernador Rubén Rocha acciones más contundentes para mejorar la seguridad en la región.
Las recientes protestas en Culiacán, donde miles de ciudadanos exigieron la renuncia del gobernador Rocha, reflejan el descontento generalizado. Sin embargo, Rocha ha minimizado estas manifestaciones, sugiriendo que las críticas deberían dirigirse hacia la delincuencia y no hacia su administración. Esta postura ha generado aún más críticas, ya que muchos consideran que el gobierno estatal no ha implementado medidas efectivas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de la población.
About The Author
